Disciplina fiscal, clave para la mantención de la clasificación de riesgo soberanoL

Hermann González

Hace algunos días nos enteramos que una segunda agencia clasificadora de riesgos mantuvo la clasificación y las perspectivas de riesgo soberano de Chile. Esta es una buena noticia, porque los beneficios de mantener la clasificación de riesgo son significativos y nos afectan de manera directa o indirecta a todos, pues incluyen la posibilidad de acceder a condiciones favorables de financiamiento para el gobierno, las empresas y las familias.

Más allá del problema de ser un país monoproductor y otros aspectos como el elevado endeudamiento corporativo, una de las principales preocupaciones de las agencias clasificadoras es el bajo crecimiento económico en un contexto de crecientes demandas sociales. En este contexto, es innegable que en la mantención de la clasificación de riesgo soberano y del outlook por parte de agencias como Fitch y Standard & Poor´s fueron relevantes dos elementos: el ajuste fiscal anunciado a inicios de año y el compromiso creíble de retomar la convergencia hacia el balance fiscal estructural.

Si hay algo que nos diferencia de la mayoría de nuestros vecinos y de otros países emergentes es nuestra institucionalidad macroeconómica. Este marco de políticas que suele ser alabado y tomado como referencia por analistas y autoridades de diferentes países, no solo debemos resguardarlo, sino que también potenciarlo en los aspectos en los que aún hay espacios para mejorar. La evidencia más clara de que aún hay espacios para avanzar es que la mayor austeridad en la que se está enmarcando la conducción fiscal en lo más reciente, no es el resultado de la institucionalidad vigente, sino más bien de la persona del ministro de Hacienda.

Si bien la situación fiscal ya se ve estrecha, esta puede serlo mucho más en los próximos años en un contexto en que la evaluación de los parámetros estructurales que definen los espacios de gasto se ajustan a la baja y, más aún, cuando la reforma tributaria deje de entregar recursos adicionales una vez que la recaudación entre en régimen. De ahí la necesidad de crear conciencia ciudadana y política que el tamaño del Estado no puede seguir creciendo si no crece estructuralmente su capacidad de financiamiento y que, por el contrario, ahora es el momento de aumentar la eficiencia del sector público, aumentar su productividad y reducir la grasa que se acumuló en los años de bonanza. El Estado no puede estar ajeno al proceso de ajuste y de aumento de la productividad en el que está inmerso hoy todo el país. La coyuntura entrega una inmejorable oportunidad para hacer un Estado más liviano y más eficiente.

La amenaza de un cambio en la clasificación de riesgo, pasando primero con un cambio en el outlook, está lejos de desaparecer. Un mayor precio del cobre nos ayudaría, pero escapa absolutamente de nuestro control, de manera que lo que nos queda es seguir fortaleciendo la institucionalidad económica, diversificar las fuentes de crecimiento, continuar con los esfuerzos por aumentar la productividad y generar un ambiente favorable para los negocios, aspecto fundamental para reimpulsar la creación de empleos y el crecimiento económico.